El dato más repetido del AI Act es también el peor contado. Los 35 millones existen, pero pertenecen a otro capítulo del reglamento. Si tu empresa se limita a usar IA para trabajar, tu techo es distinto.
Los 35 millones de euros o el 7 % existen, pero son el techo para las prácticas prohibidas: usos que directamente no se pueden hacer en Europa.
Para transparencia y formación —las dos obligaciones que aplican al uso normal de oficina— el techo es de 15 millones o el 3 % del volumen de negocio.
Y una lectura de fondo: si el titular que te asustó tenía mal la cifra, conviene mirar el resto de ese artículo con la misma lupa.
Si has llegado hasta aquí buscando cuánto es la multa del AI Act, probablemente vengas de leer un titular con la cifra de 35 millones de euros. Es la cifra que ha circulado en prácticamente todos los artículos, correos comerciales y publicaciones de LinkedIn del último año.
Y es una cifra real. El problema es que casi nunca es la que te aplica.
El AI Act no tiene una multa. Tiene un régimen sancionador con niveles distintos según qué incumplas, igual que el RGPD.
Simplificando a lo que le importa a una empresa que usa IA para trabajar, hay dos alturas relevantes:
| Qué incumples | Techo de sanción |
|---|---|
| Prácticas prohibidas (usos vetados en la UE) | 35 millones de € o el 7 % del volumen de negocio |
| Transparencia y formación (el uso normal de oficina) | 15 millones de € o el 3 % del volumen de negocio |
Los 35 millones y el 7 % existen — pero son solo para prácticas prohibidas, que es otro capítulo.
Las prácticas prohibidas son el nivel de "esto no se puede hacer en Europa". No es el nivel de "se te olvidó poner un aviso en el chat de la web". Son cosas de naturaleza distinta, y por eso el reglamento las castiga de forma distinta.
Lo tuyo —transparencia y formación— tiene otro techo: 15 millones o el 3 % del volumen de negocio.
Que siguen siendo cifras grandes. No vamos a fingir lo contrario ni a decirte que el AI Act es inofensivo. Pero son un capítulo distinto, con una gravedad distinta, y mezclarlos es exactamente lo que convierte una obligación manejable en un motivo de pánico.
Hay un segundo malentendido, más silencioso que el primero pero igual de extendido: leer esas cifras como si fueran el importe de la multa.
No lo son. Son máximos.
En los regímenes sancionadores europeos de este tipo, la cuantía concreta se gradúa. Pesan la gravedad de lo ocurrido, si hubo intención o descuido, cuánto duró, el tamaño de la empresa y su volumen de negocio, si se colaboró para corregirlo. Un techo de 15 millones no significa que a una empresa de treinta empleados que no puso un aviso en su chatbot le vayan a caer 15 millones.
Y sobre esto conviene ser prudente en la otra dirección también: cómo se aplicará en la práctica sobre el tejido de pymes es algo que todavía está por ver. El régimen es reciente. Quien te dé hoy una previsión exacta de importes para pymes está especulando, no informando.
Esta es la parte con fecha, y hay un matiz que se pasa por alto.
El régimen sancionador entró el 2 de agosto de 2026. Ese mismo día entró la obligación de transparencia.
Pero la obligación de formación era anterior: lleva vigente desde febrero de 2025. Lo que cambió en agosto de 2026 es que pasó a ser sancionable.
La consecuencia es incómoda y conviene verla clara: la obligación que llevaba año y medio en vigor, y que casi ninguna empresa ha cumplido, es ahora también una obligación con multa detrás. Es el motivo por el que, si solo vas a mirar una cosa, la formación de tu equipo debería ser esa cosa — y no el etiquetado, que es más visible pero afecta a menos empresas.
En España la supervisión de la inteligencia artificial recae en la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, con sede en A Coruña. Fue la primera agencia de este tipo creada en Europa.
Lo honesto es quedarse ahí. Existe un organismo con competencias y existe un régimen sancionador aplicable desde agosto de 2026. Cómo se organizará la actividad inspectora concreta sobre miles de pymes españolas es algo que aún está desarrollándose.
Y de eso se deduce lo sensato: no tiene ningún sentido prepararse para una inspección imaginaria. Tiene sentido tener hecho lo que la norma pide, que además es poco: los cuatro casos de etiquetado revisados contra lo que haces, y la formación del equipo con constancia de quién la ha recibido.
Vamos con lo que de verdad deberías llevarte de este artículo, más allá de las cifras.
Cuando hasta el dato de la multa te llega mal, el resto conviene mirarlo con la misma lupa.
Piénsalo: el titular de los 35 millones ha sido el más repetido del AI Act durante un año. Se ha usado en artículos, en correos comerciales y en presentaciones de venta. Y está mal aplicado en la mayoría de ellos.
Si el dato más fácil de comprobar —una cifra, que está escrita en el reglamento— se ha transmitido mal a esa escala, ¿qué probabilidad hay de que estén bien contados los plazos, el alcance o lo que supuestamente tienes que comprar?
Esto no es cinismo. Es un criterio práctico de compra. Cuando alguien te ofrezca un servicio de cumplimiento del AI Act, haz dos preguntas sencillas:
Porque además —y esto conviene decirlo aunque no nos convenga comercialmente— el AI Act no se certifica. No hay sello, ni registro, ni trámite que te deje en regla. Si alguien te ofrece certificarte el AI Act, te está vendiendo algo que no existe.
Si el miedo a la multa es lo que te ha traído hasta aquí, la buena noticia es que la vía para quitártelo es corta:
Nada de eso requiere un proyecto ni un presupuesto de consultoría. Requiere una tarde con la lista delante.
Y un cuarto punto que no cuesta nada y vale mucho si algún día hay que dar explicaciones: anota lo que decidiste y por qué. Si revisaste los cuatro casos y concluiste que ninguno te aplica, esa conclusión, con fecha y firmada por alguien, es en sí misma una prueba de diligencia. No hace falta un informe: un documento de media página en una carpeta compartida. La diferencia entre "no me aplicaba" y "no lo miré" es exactamente eso, un papel.
El cuadro completo, con el calendario y todo lo que aplica a una empresa española, está en la guía del AI Act para empresas.
Resumen informativo a fecha de publicación. No es asesoramiento jurídico. El texto oficial de referencia es el Reglamento (UE) 2024/1689.
Las obligaciones que ya se aplican, los techos de sanción reales y el calendario, en PDF. Sin formulario y sin dejar tus datos.
Descargar gratisDepende del incumplimiento. El techo más alto, 35 millones de euros o el 7 % del volumen de negocio, corresponde a las prácticas prohibidas: usos de IA que no se pueden hacer en Europa. Para las obligaciones de transparencia y de formación, que son las que afectan al uso normal de la IA en una oficina, el techo es de 15 millones o el 3 %.
Desde el 2 de agosto de 2026 existe régimen sancionador para la obligación de transparencia, así que en términos formales sí es sancionable. El techo aplicable en ese caso es el de 15 millones o el 3 %, no el de 35. Cómo se traducirá esto en la práctica sobre pymes es algo que todavía está por ver.
No. Los importes que se citan son techos máximos, no importes fijos. En los regímenes sancionadores europeos de este tipo la cuantía se gradúa según la gravedad, la intencionalidad, la duración y el tamaño de la empresa, entre otros factores. Un techo de 15 millones no significa que una infracción menor se sancione con 15 millones.
El régimen sancionador entró el 2 de agosto de 2026. Ese mismo día entró también la obligación de transparencia. La de formación era anterior —vigente desde febrero de 2025— pero hasta agosto de 2026 no era sancionable.
La supervisión de la inteligencia artificial en España recae en la AESIA, la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial. Conviene no ir más allá de eso: cómo se organizará la actividad inspectora concreta sobre el tejido de pymes es algo que aún está desarrollándose, y quien te dé hoy detalles exactos está especulando.
Las dos obligaciones que ya se aplican, los cuatro casos que hay que etiquetar, el calendario real tras el Ómnibus Digital y la multa que sí te aplica.
Los cuatro casos que obligan a avisar, los cinco que no, y dónde está exactamente la raya cuando hay revisión humana.
La obligación que lleva vigente desde febrero de 2025, que casi nadie ha tocado y que ahora ya se puede multar.